Argelia Castaño, profesora de investigación ad honorem en el Instituto de Salud Carlos III, ha dedicado su trayectoria a estudiar cómo afectan las sustancias químicas a la salud humana. Con una amplia experiencia en toxicología ambiental, ha dirigido el Centro Nacional de Sanidad Ambiental y coordinado las actividades de biomonitorización humana en España, colaborando también con organismos como la OMS, la Agencia Europea de Medioambiente y la Comisión Europea.
En esta entrevista para la campaña #HablemosDeQuímicos, advierte sobre la complejidad de evaluar riesgos cuando la exposición es a mezclas de sustancias, y defiende la necesidad de políticas más valientes, una mejor comunicación científica y sistemas sólidos de control y prevención.
La Comisión Europea en 2022 publicó una hoja de ruta en la que se planteaba unos objetivos ambiciosos en la prohibición de muchas sustancias químicas (bisfenoles, retardantes de llama nocivos, los usos no esenciales de las PFAS…) que tiene efectos nocivos en la salud y el medio ambiente ¿Cree que se está avanzando lo suficiente en su cumplimiento? ¿Qué desafíos enfrentamos en España y Europa en esta materia?
En materia de sustancias químicas, se puede decir que nunca se avanza lo suficiente, porque son temas muy complejos y requieren la actuación de muchos actores. Por eso, el avance es más lento de lo que quisiéramos.
Pasa como con otros grandes temas, como el uso de animales de experimentación. La Unión Europea lleva promoviendo alternativas desde 1986, pero aún hoy se siguen utilizando. Se ha avanzado, sí, pero no se ha llegado a la meta. Lo mismo sucede con las sustancias químicas, que están estrechamente relacionadas con este tema, porque para evaluarlas también se usan animales.
En el caso de las sustancias químicas, hay muchos actores implicados y eso dificulta que las cosas avancen con la rapidez deseada. Sí se están dando pasos, hay muchas personas trabajando, la legislación está mejorando, cada vez hay más control y conocimiento, pero sigue siendo una tarea muy lenta.
Uno de los desafíos más importantes a nivel legislativo y de autoridades competentes es demostrar inequívocamente que una sustancia o una mezcla produce efectos adversos en la salud humana. Y detrás de cada sustancia química hay una industria muy fuerte, con grandes profesionales.
Además, como sociedad, hemos puesto unos niveles de bienestar tan altos que no estamos dispuestos a renunciar al confort que nos dan muchos productos químicos. Desde los conservantes alimentarios hasta el gel de baño, muchas veces no nos detenemos a pensar en su impacto en nuestra salud.
Y los efectos de las sustancias químicas suelen ser a largo plazo, muy sutiles, y la mayor parte de las veces provocados por la exposición combinada a varias sustancias. Son efectos difíciles de demostrar con certeza, que no se pueden poner en una etiqueta como en el prospecto de un medicamento.
¿Por qué es tan difícil y largo determinar desde la ciencia que un producto es peligroso? ¿Cómo es el proceso de llegar a tener la evidencia científica que nos lo demuestre?
La legislación sobre productos químicos cambió hace casi 20 años con el reglamento REACH.
Con REACH, se dio un paso importante: ahora la carga de demostrar que un producto es inocuo recae en la industria, no en las administraciones. La industria debe demostrarlo realizando diferentes tipos de ensayos. Ensayos de toxicidad en animales: toxicidad aguda, ensayos crónicos, sobre la reproducción, alteradores endocrinos, neurotoxicidad etc. Estos ensayos van evolucionando y a medida que se dispone de más información, se van introduciendo otros más complejos o tomando en cuenta información derivada de estudios epidemiológicos o de biomonitorización humana, por ejemplo.
Son pruebas costosas y muy largas. Por eso, cuando una empresa presenta un producto, entrega un dossier con toda la información disponible. Ese dossier se evalúa en la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), normalmente se distribuyen los productos por algunos países para hacer la evaluación en profundidad, generalmente en tríos de Estados y posteriormente se propone una clasificación y se discute su aprobación.
La UE ha ido modificando la hoja de ruta para hacer este proceso más eficiente. Aun así, hay que tener claro que las personas no estamos expuestas a una sola sustancia química, sino a una mezcla. Y ahí está el gran reto: evaluar mezclas de sustancias.
Se está trabajando en ello desde la investigación. Un ejemplo es el proyecto PARC,(2022-2029) en el que participan casi todos los países de la UE , además de agencias EU como la EFSA, la ECHA, la EEA entre otras, con el objetivo de desarrollar nuevos procedimientos de evaluación de riesgos, siguiendo el enfoque “One Health” y rompiendo el paradigma actual.
En su opinión: ¿Qué falta por regular o qué otras políticas públicas considera necesarias desarrollar? ¿La regulación va a la velocidad adecuada? ¿Qué mecanismos de prevención y control considera más efectivos para reducir la exposición de la población a sustancias peligrosas?
Lo primero es que se cumplan las regulaciones. Es fundamental controlar mejor la exposición de la población y evaluar si las medidas existentes —la hoja de ruta, los reglamentos— están realmente logrando reducir esa exposición.
También hay que ser más valientes al establecer medidas. Entiendo que hay muchos actores implicados y que hay que dar espacio a la industria química, pero por encima de todo está el bienestar humano. Para eso hay que arriesgarse y tomar decisiones más firmes.
Además, los Estados deben contribuir a la educación. Pero cuando hablamos de exposición a mezclas de sustancias, la única manera de saberlo es midiendo. En los últimos 20 años de mi carrera he insistido mucho en la necesidad de desarrollar sistemas de biomonitorización humana (BMH) para valorar/controlar la exposición.
Así que, además de regular niveles en el agua, los alimentos o los productos de consumo, es necesario contar con una legislación más estricta y con más educación y concienciación ciudadana.
En 2024 se anunció que el Ministerio de Sanidad va a poner en marcha un estudio estatal de biomonitorización con el objetivo de ver cómo nos afectan las sustancias químicas a las que nos exponemos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es la biomonitorización? ¿En qué consiste y por qué es importante el proyecto que se acaba de poner en marcha en nuestro país?
La BMH consiste en medir determinadas sustancias químicas en el organismo para conocer la exposición diaria a las mismas. Gracias a estudios previos que ya están incorporados en la literatura científica o en organismos especializados, como la Comisión Alemana de Biomonitorización Humana sabemos qué niveles son peligrosos de algunas, y al estudiar poblaciones concretas o muestras representativas podemos saber si estamos ante exposiciones elevadas o no, y actuar en consecuencia.
Un ejemplo práctico: en España tenemos niveles elevados de mercurio porque comemos mucho pescado. El pescado es saludable, pero algunas especies acumulan mucho mercurio, lo que puede afectar al neurodesarrollo de los fetos, por eso se recomienda que embarazadas y niños pequeños eviten ciertos pescados como el pez espada o el atún. En cambio, una persona como yo, que ya no soy población vulnerable, puede consumirlos sin problemas, porque el riesgo es mucho menor.
La hoja de ruta de la UE ya incluye la necesidad de tener en cuenta los estudios de biomonitorización al evaluar sustancias. El estudio estatal de BMH que va a poner en marcha el Ministerio, se incorporó como medida transversal en el PESMA (Plan Estratégico de Salud y Medioambiente). El diseño se realizó a través de la Comisión permanente de la CIBMH (Comisión Interministerial de BMH) que preside el ISCIII a través del Centro Nacional de Sanidad Ambiental. El estudio debería haber comenzado en septiembre u octubre del año pasado, pero se ha retrasado por temas burocráticos. Aun así, cuando arranque será muy importante, y si se consigue hacer de forma periódica, sus resultados serán de gran utilidad.
Anteriormente se habló de comunicación y sensibilización, ¿qué estrategias considera más efectivas para mejorar el acceso a la información sobre sustancias químicas y sus riesgos? ¿Cómo puede la comunidad científica mejorar la comunicación de sus conclusiones para que sean más influyentes en la toma de decisiones?
De cara a la población, hay muchos niveles en los que hay que actuar. Lo primero es formar al sector primario de sanidad, para que en sus consultas diarias puedan dar, con conocimiento de causa, consejos útiles para el bienestar de sus pacientes. Por eso, este tipo de formación debería incluirse en todas las carreras universitarias, tanto sanitarias como no sanitarias.
Las campañas dirigidas a las personas consumidoras también son fundamentales. En este punto, es muy importante evitar el alarmismo: tan perjudicial es no ofrecer información como comunicarla de forma que termine generando rechazo. Por eso, hay que ser cuidadosos con lo que se transmite, centrarse en lo que está científicamente probado y en los consejos de profesionales.
Respecto a la comunicación con las autoridades públicas, es un problema que sufrimos quienes hacemos ciencia: en nuestras evaluaciones curriculares, lo que cuenta son las publicaciones científicas, no los artículos divulgativos ni las charlas de este tipo. Sin embargo, creo que hay una labor esencial de divulgación a pie de calle, que quienes nos dedicamos a la ciencia podemos y debemos hacer. También es importante acercarse al ámbito legislativo, por ejemplo, con informes más claros y accesibles que traduzcan mejor los resultados de la investigación.
