Joaquín Nieto, director de la Oficina de la OIT para España
En estos momentos se están sucediendo dos crisis simultáneamente: la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y sus consecuencias sobre la salud, con una mortalidad muy acusada en las personas mayores; y la crisis económica, derivada de las necesidades de confinamiento para hacer frente a la pandemia, con enormes consecuencias sociales y sobre el empleo, derivadas de la paralización de la economía y el comercio. Sin ir más lejos, en la segunda quincena de marzo, en España se han destruido 900.000 empleos. La crisis sanitaria será temporal, el paisaje después de la batalla dejará sin embargo una crisis económica y de empleo que puede ser duradera, o no; cuya reconstrucción puede ser una oportunidad, o no, para configurar sociedades económicamente más resilientes, socialmente más justas y ambientalmente más sostenibles.
Respuesta desigual a la crisis sanitaria y a sus consecuencias sociolaborales
Respecto a la primera crisis, podemos observar que, tras los primeros titubeos y retrasos –motivados por la novedad del fenómeno y las incertidumbres sobre la velocidad y extensión del contagio– una vez declarada la pandemia por la OMS, los gobiernos de todo el mundo han ido reaccionando con medidas similares: confinamiento ciudadano, paralización correspondiente de la actividad económica, test de detección del contagio y hospitalización de las personas afectadas. Aunque de forma desigual, cada país según sus capacidades y la robustez de sus sistemas públicos de salud y de protección social.
El confinamiento mundial de 3.000 millones de personas –único en la historia de la humanidad– y el cese de la actividad económica y comercial correspondiente ha dejado ya a decenas de millones no sólo sin empleo sino también sin ningún tipo de ingreso, dado que el 60% de los empleos en el mundo están en la economía informal y el 55% de la población mundial no tienen ningún tipo de protección social.
En el caso de los países europeos, que disponen de amplios sistemas de protección social –como es el caso de España– el cese temporal de la actividad económica está teniendo también un impacto devastador sobre el empleo, pero sus consecuencias sobre los ingresos están siendo más limitada dadas las medidas extraordinarias de carácter laboral y de protección social en favor de los trabajadores adoptadas por sus gobiernos –también el gobierno de España– para evitar los efectos sociales más adversos, especialmente en los sectores más vulnerables. También están adoptando medidas fiscales y financieras de apoyo a los trabajadores autónomos y a las empresas que buscan evitar daños irreversibles a la economía y al tejido productivo.
Paisaje después de la batalla
Aunque el coste fiscal de la paralización económica, del apoyo financiero a empresas y autónomos y de las ayudas sociales está siendo enorme, es un esfuerzo temporal del que empresas y cuentas públicas podrían recuperarse, si la crisis sanitaria no amenazara con provocar además una descomunal crisis económica y de empleo en todo el mundo. Las primeras previsiones de la OIT -que llegaban a cuantificar en 25 millones las pérdidas de empleo, en 35 millones el incremento de los trabajadores en situación de pobreza severa y en 3 billones de € (equivalente a dos veces y media el PIB anual de España) la pérdida de ingresos laborales como consecuencia de la crisis económica que seguirá a la crisis sanitaria- se están quedando cortas.
Pero este desolador paisaje después de la batalla, para el que conviene estar preparados, no tiene por qué concluir en una crisis como la que hace ahora una década asoló la economía y el empleo de muchos países durante años, cuya recuperación plena en lo social está todavía pendiente, como en el caso de España. No sólo porque las causas son diferentes –aquella crisis fue la consecuencia de una burbuja financiera e inmobiliaria de un modelo productivo insostenible– sino porque también se pueden extraer lecciones sobre los negativos efectos y retardatarios para la recuperación económica y social de las políticas de austeridad extrema y de desmantelamiento de lo público, y en consecuencia adoptar medidas de recuperación totalmente diferentes.
Un ‘Plan Marshal’ para Europa
Ese es el desafío al que todos los países del mundo se van a ver confrontados. En el caso de Europa en forma de un dilema existencial: o la financiación de las millonarias inversiones que cada país europeo ha identificado como imprescindibles para levantar su economía se realizan de forma mutualizada y se orientan la transformación digital y la transición energética y ecológica –cambios ya contemplados como imprescindibles antes de la crisis– o es el propio devenir europeo y su lugar en el mundo lo que se estará poniendo en riesgo.
La decisión no es para después sino que se está tomando ya en estos momentos, a la vez que se adoptan las decisiones sobre cómo financiar las medidas para responder a la actual crisis sanitaria y económica. Europa había decidido con acierto apostar por un Green New Deal para hacer frente al cambio climático y transformar su modelo productivo para hacerlo más sostenible, pero sin comprometerse todavía a la financiación necesaria. Hoy tiene la oportunidad de completar su apuesta orientando las inversiones de reconstrucción en esa perspectiva.
Ahora existe un consenso generalizado sobre la necesidad de realizar grandes inversiones extraordinarias para la reconstrucción. Es más, la mayoría de los países europeos y otros están adoptando decisiones e incluso cuantificado el volumen mínimo de esas inversiones, públicas y privadas, sin las que la reconstrucción económica no será posible. Incluso se habla con acierto de una especie de Plan Marshal como si de una reconstrucción post-bélica se tratara.
Lo que falta por decidir es si esa extraordinaria y colosal inversión se va a realizar de manera mutualizada, a través de los llamados coronabonos europeos u otros sistemas de financiación común, de forma que todos los países –incluidos los de la Europa meridional– puedan tener posibilidades reales de acceso, porque tal financiación cuente con el respaldo necesario, o no tengan posibilidades de acceso financiero si tal financiación no está mutualizada porque algunos países arrastran todavía una situación fiscal precaria como resultado de la crisis anterior y de la austeridad extrema que se les impuso.
La financiación del Green New Deal como vector de la reconstrucción
Lo que falta también es identificar el destino de las inversiones y la orientación de la reconstrucción, si Europa se reafirma en la necesidad de impulsar con más fuerza el Green New Deal, de forma que el resultado de la reconstrucción sea una renovación del tejido productivo, para su digitalización y sostenibilidad ambiental, lo que sería una fuente extraordinaria de empleo y trabajo decente, o por el contrario se paraliza tal renovación, lo que dejaría el tejido productivo europeo en una situación debilitada para responder a las grandes transformaciones productivas que ya se vienen produciendo.
La reconstrucción debería considerar también algunas lecciones que ha revelado la pandemia: la importancia de lo público, especialmente de los sistemas públicos de salud y de protección social, y la importancia de los cuidados, especialmente, aunque no solo, de las personas mayores, cada vez más numerosas, que han sido las principales víctimas mortales del COVID-19. Se trataría de reconstruir y actualizar las políticas de salud pública y los sistemas públicos sanitarios, debilitados en muchos países tras la crisis económica; así como de fortalecer los sistemas de protección social, como la protección al desempleo –que muy oportunamente podría llegar a convertirse en un sistema común europeo– y la garantía de ingresos mínimos para todas las personas, renovando el contenido protector de los Estados del bienestar hacia una protección más universal. La debida atención al pilar social europeo, tan relegado en los últimos tiempos, tendría que constituir una de las prioridades de la reconstrucción para promover el trabajo decente y reducir los desequilibrios europeos interregionales que se manifiestan entre países y en cada país. Se trataría también de establecer políticas efectivas de atención a la dependencia y de reorganización de los cuidados en nuestra sociedad –hoy basados en un sistema desigual de cuidados no remunerados realizados por principalmente mujeres– con políticas verdaderamente disruptivas que permitan reconocer, redistribuir, reducir y remunerar esos cuidados.
Los límites de una globalización insostenible
Otra de las lecciones que afloran en esta crisis sanitaria está que algunos rasgos de la globalización tendrán que ser reformulados. La especialización de algunos países en la producción de determinados productos esenciales –como es el caso de los productos sanitarios– y las carencias de dichos productos en los demás países genera una interdependencia global insostenible, que la crisis obliga a cuestionar. No se trata de relocalizar todo, pero sí aquello que sea esencial para el funcionamiento de la sociedad incluidas situaciones que pueden ser episódicas o excepcionales. También se ha de poner en valor la capacidad de disponer autónomamente de capacidades para responder a crisis sanitarias o humanitarias. Nadie cuestiona, por ejemplo, que cada uno de los países tenga autonomía energética y capacidad instalada autónoma para garantizar el suministro de electricidad incluso en las circunstancias más adversas, aunque eso tenga unos costes económicos enormes. Sin embargo la crisis ha revelado que no existe una capacidad instalada hospitalaria de unidades de cuidado intensivo (UCIs) ni un aprovisionamiento de equipos de protección individual (EPIs) a los que los trabajadores tienen derecho y los empleadores públicos y privados obligación legal de suministrarles en toda circunstancia, por excepcional que sea.
Cierta relocalización tendría también repercusiones positivas en términos de pacificación de la movilidad de las mercancías y de las personas, que ha alcanzado unos niveles insostenibles por ineficiencia económica, insostenibilidad ambiental y de daños a la salud. Ineficiencia económica porque la excesiva movilidad de las mercancías –muchos productos alimentarios envasados recorren innecesariamente miles y miles de kilómetros antes de ser consumidos– se basa en que su producción y sus costes de energía y transporte están en alguna medidas subvencionados. Insostenibilidad ambiental porque el transporte es uno de los sectores que más emisiones globales de gases de efecto invernadero contabilizan. Daños a la salud pública porque el transporte es una de las fuentes principales de contaminación urbana que genera millones de muertes anuales prematura y porque la excesiva interconexión presencial y contacto derivado de los viajes provoca contagios, de los que la pandemia provocada este año por el COVID-19 no es el único episodio de contagio entre países por coronavirus ni será el último, aunque no tendría por qué alcanzar los efectos de pandemia global.
Multilateralismo necesario para un mundo globalizado
Revisar algunos de los aspectos insostenibles del tipo de globalización económica desarrollada en las últimas décadas, no quiere decir abonar posiciones ultranacionalistas que ponen por delante su país contra todo y contra todos despreciando el multilateralismo en todas sus dimensiones. Más bien al contrario: una lección más que nos deja esta crisis sanitaria es que un mundo global interdependiente requiere una gobernanza multilateral. La necesidad de responder de manera coordinada entre países a una pandemia como la del COVID-19 ha puesto en valor la importancia de disponer de instituciones multilaterales, como lo son organismos del sistema de Naciones Unidas tales como la Organización Mundial de la Salud, para hacer frente a la pandemia que es global, o la Organización Internacional del Trabajo, para responder con diálogo social tripartito a la crisis del empleo que es también universal.
La ONU ha lanzado el Plan COVID-19. Un plan para derrotar al virus y a la vez construir un mundo mejor, que trata de contrarrestar los impactos socioeconómicos potencialmente devastadores de la pandemia, actuando todos los países y sectores juntos para disminuir el golpe a las personas, con medidas como un paquete de estímulo que alcance el 2% del PIB mundial que incluya acciones explícitas para impulsar las economías de los países en desarrollo, con medidas fiscales y sociales, para apoyar a los trabajadores y a las empresas y abordar los desafíos estructurales, involucrando también al sector financiero privado. Desde esa perspectiva, la solidaridad internacional y la solidaridad interna en cada uno de los países, deben priorizar la cohesión social y proporcionar un estímulo fiscal para los más vulnerables junto con el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, al fortalecimiento de los sistemas de salud, a la educación y al trabajo decente.
Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030, de plena actualidad
En este contexto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, no sólo no quedan desfasados, sino que se convierten en herramientas de plena actualidad. Al fin y al cabo los ODS se orientan, entre otros, hacia disponer de sistemas de salud pública, enfrentar las enfermedades transmisibles y sus consecuencias, erradicar la pobreza, promover el trabajo decente y orientar los sistemas industriales y de transporte y el consumo hacia modelos sostenibles. Aquellos países que más orientados estaban hacia una senda de cumplimiento de los ODS y más cercanos a alcanzar dichos objetivos, mejores condiciones han tenido para hacer frente a la pandemia y mejores condiciones de reconstrucción tienen en estos momentos.
La reconstrucción de las economías para orientarlas hacia la sostenibilidad es una oportunidad que ni Europa, ni los demás países del mundo pueden dejar escapar. El diálogo social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que configuran la Agenda 2030 de Naciones Unidas son una buena guía, más necesaria que nunca, para resolver los desafíos de nuestro tiempo, tan incierto y tan convulso.