Ana Barreira es abogada y directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA).
La pandemia Covid-19, previamente advertida desde diversos ámbitos, ha sido una sacudida tanto a nuestro modo de vida como a nuestro sistema económico. El año pasado los científicos en el informe IPBES ya alertaban sobre la amenaza que representan los virus zoonóticos, y su posible aumento, generada principalmente por las actividades humanas. Ahora que esas advertencias se han convertido en realidad, la respuesta a esta emergencia sanitaria no puede seguir ignorándolo.
La transgresión de los límites de nuestro planeta, producida por el cambio climático o la destrucción de la biodiversidad, tan vinculados a esta pandemia, ha sido propiciada por los flujos monetarios, que han apoyado actividades que destruyen la biodiversidad y/o que exacerban el cambio climático.
Junto con las medidas de carácter sanitario para hacer frente a esta pandemia en Europa, el parón de la actividad económica ha impulsado medidas de apoyo y estímulo a nuestra economía por parte de la UE. Algunos ejemplos son el Programa de compras de emergencia frente a la pandemia, aprobado en abril por el Banco Central Europeo, por un importe de 750.000 millones de euros hasta final de año, que se suman a los 120.000 millones de euros acordados el 12 de marzo, representando en su conjunto, el 7,3 % del PIB de la zona del euro, o las ayudas o rescate a compañías aéreas europeas.
Para una respuesta acertada se tiene que considerar que, antes de la pandemia, nos encontrábamos en una situación de emergencia climática y ambiental que impulsó la adopción del Pacto Verde de la Unión Europea en diciembre pasado. Tal es así, que el Consejo Europeo adoptó, en su reunión del pasado 23 de abril, la hoja de ruta para el Plan de Reconstrucción “Hacia una Europa más resiliente, sostenible y justa” en el que hace énfasis en la transición ecológica, la transformación digital como elementos esenciales para la reactivación y modernización de la economía, junto con la economía circular, pidiendo una inversión sin precedentes en esos ámbitos.
A pesar de ello, muchas de las ayudas que se están acordando por instituciones europeas y nacionales no tienen en cuenta esa transición ecológica urgente y necesaria. Esos paquetes y estímulos que se están otorgando no imponen condicionalidad ambiental alguna. Recordemos que se trata de dinero de los contribuyentes europeos. Si la UE tiene que cumplir con el Acuerdo de París y pretende reducir entre un 50% y un 55% sus emisiones para 2030, es fundamental que esas ayudas se otorguen con requisitos ambientales para poder cumplir con los compromisos que forman parte de nuestro estado de derecho.
El propio Secretario General de las Naciones Unidas, durante su intervención en el diálogo de Petersburgo a finales de abril, hizo un llamamiento para acabar con los subsidios a los combustibles fósiles. Llama la atención que, en 2001, la propia Unión Europea, en su Estrategia de Gotemburgo para el Desarrollo Sostenible, se comprometió a eliminar esos subsidios para el 2010, algo que no se ha cumplido.
En estos momentos, la UE está trabajando para aprobar más ayudas a tres importantes redes de seguridad para los trabajadores, las empresas y los Estados, que supone un paquete por valor de 540 000 millones de euros, junto con un fondo de recuperación.
Estas ayudas deben estar alineadas con el Pacto Verde que se planteó para desvincular el uso de los recursos naturales y la destrucción de los servicios ecosistémicos del desarrollo económico.
Junto a la necesidad de terminar con los subsidios a los combustibles fósiles, es urgente la reforma fiscal que elimine los incentivos a actividades que ponen en riesgo el equilibrio de los ecosistemas.
Junto con los flujos de dinero público, no podemos olvidar en esta ecuación de flujo monetario al sector financiero pues desempeña un papel fundamental para que ese Pacto Verde sea posible, asegurando que sus inversiones y productos fomenten actividades sostenibles, en línea con lo que indica la recientemente adoptada taxonomía o clasificación que establece criterios para calificar a una inversión como sostenible.
La hoja de ruta del Plan de Recuperación de la UE hace hincapié en que, aunque las crisis necesiten medidas excepcionales, el pleno respeto al estado de derecho, del que forman parte el Acuerdo de París, el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, junto con un gran número de Directivas y Reglamentos de la UE dirigidos a proteger el medio ambiente, no es negociable Por ello, todos los estímulos que se otorguen deben respetarlo. Si así sucede, en la Unión Europea podremos demostrar que otro modelo económico es posible y liderar e impulsar los cambios necesarios en el plano global para no poner en riesgo nuestra supervivencia como especie.